La norma para cambiar la economía lleva meses atascada en el Parlamento – El PSOE confía en aprobarla este año

La Ley de Economía Sostenible contiene un conjunto de medidas que apuntan en la buena dirección. Pero un año después de su primer anuncio todavía no se ha aprobado.

24 de mayo de 2009. José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una ley que “va a cambiar muchas cosas” en España. Esta norma, que se aprobará en un Consejo de Ministros en Sevilla, llevará a Andalucía a convertirse en pionera de un patrón de crecimiento respetuoso con el medio ambiente, añade el presidente.

27 de noviembre de 2009. Tras algún retraso, el Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, una norma que, según la mayoría de analistas, apunta en la buena dirección, pero obvia las medidas básicas, aquellas sin las cuales es imposible mejorar la competitividad española: las reformas del sistema educativo y del mercado laboral. El Ejecutivo espera que la norma salga del Parlamento a mediados de 2010.

14 de junio de 2010. Dos días antes de aprobar la reforma laboral que hasta hace pocos meses el Gobierno se negaba a afrontar, la ley estrella del mandato de Zapatero sigue estancada en el Parlamento y no saldrá adelante antes de verano. Marta Gastón, portavoz socialista de Economía en el Congreso, asegura que “sin ninguna duda este año tiene que estar más que aprobada”.

Ha pasado ya medio año desde que el Ejecutivo aprobó su plan que se apoyaba en cuatro patas: la fiscal -beneficios para las empresas innovadoras y para la rehabilitación de viviendas-; la medioambiental -apoyo a las energías renovables y al transporte ferroviario de mercancías-; la empresarial -agilización a la creación de sociedades-; y la de la transparencia -en órganos reguladores y en empresas cotizadas-.

Las propuestas que durante meses había exigido La Moncloa a todos los ministerios cristalizaban ese día en el paquete que aprobó el Consejo de Ministros. Un cajón de sastre deslavazado, según algunos. Un conjunto de ideas coherentes que apuntan en la buena dirección, según otros. Pero el proyecto al que Zapatero había confiado algo tan ambicioso como el cambio de modelo quedó eclipsado por un artículo escondido en la disposición final que implica que un órgano administrativo bajo supervisión judicial controle las descargas de Internet.

Algunas de estas medidas, las de impulso de la rehabilitación de viviendas principalmente, entraron en vigor el pasado mes de abril por el decreto ley que siguió a los pactos fraguados en el Palacio de Zurbano.

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